A- de 2025

Conflictos entre los juzgados 001, 008 y 009 Administrativos del Circuito de Montería y la Superintendencia de Sociedades, por demandas de reparación directa instauradas por unos ciudadanos, contra el departamento de Córdoba, para solicitar la declaración de responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad por la presunta omisión del deber objetivo de cuidado al incumplir el plazo establecido en el acuerdo de reestructuración de pasivos además de la indemnización respectiva.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena recuerda que la Ley 500/99 reguló acuerdos de reestructuración que pueden celebrar las entidades territoriales para corregir deficiencias en su capacidad de operación y atender obligaciones pecuniarias, para lograr su recuperación en el plazo y bajo las condiciones pactadas.

Para ello, y en virtud del artículo 116 de la Constitución, la norma atribuyó a la Supersociedades determinadas funciones jurisdiccionales, entre ellas, dirimir controversias relacionadas con la ineficacia de acuerdos de reestructuración, conocer de las demandas sobre su existencia, validez, eficacia, oponibilidad, o, sobre la celebración de estos o alguna de sus cláusulas.

Las pretensiones de los demandantes no se ajustan a ninguno de los presupuestos que, según dicha norma, habilita a la Supersociedades para su conocimiento.

Se reitera el Auto 3121/23, que dispone que, con base en artículos 104.1 y 140 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estas demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisi[ones] de una entidad pública.